(Por Martín Quiroz, estudiante de Ingeniería Civil, mención Transporte)
Hace ya bastante tiempo se viene comentando la entrada en vigencia de una ley que regularía el cobro por estacionamiento en los malls y servicios de salud. Sin duda alguna es un tema relevante, que no deja indiferente a usuarios de transporte privado, dueños de centros comerciales, ni por sobre todo a expertos y académicos del área de transporte de la ingeniería. La Ley de Estacionamientos se comenzó a gestar a fines del año 2012 con la idea de terminar con los cobros a los usuarios por el derecho a estacionar al ir de comprar, entendidos como cobros “excesivos”. Lo cierto es que la discusión de este comentado proyecto de ley está llegando a su fin para luego ser materializada, y al parecer, sin haber escuchado las opiniones y recomendaciones de las personas entendidas en la materia, en cuanto a beneficios sociales se refiere.
Esta ley propone la gratuidad en la utilización de estacionamientos de centros comerciales y recintos de salud por un período de dos horas y media. Esta condición se desglosa en dos etapas: la primera media hora de estacionamiento en malls sería totalmente gratuita sin excepción. Las siguientes dos horas serían gratuitas sólo si el cliente muestra una boleta de consumo en algún local del recinto comercial. Luego de esto se comenzará a cobrar de forma lineal por minuto de permanencia en el estacionamiento, eliminando el cobro por tramos. Se añade a esto la eliminación de la multa por pérdidas de ticket, obligando al proveedor del servicio a consultar sus registros para cobrar el tiempo de estacionamiento. En el caso de los recintos de salud, las clínicas no podrán cobrar por el uso del estacionamiento en el caso de una urgencia y los hospitales públicos no cobrarían en ningún caso.
¿Cómo se gestó y qué es lo que persigue este proyecto de ley?
Esta iniciativa se gestó el pasado a fines del año pasado, después de infructuosos esfuerzos por parte de diputados por crear mesas de trabajo entre la autoridad y los centros comerciales. El espíritu detrás de este proyecto busca “terminar con los abusos cotidianos que sufren los consumidores, mediante una ley, al no poder llegar a un acuerdo con los empresarios”. Como mencionó el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Fuad Chahin, a La Segunda a comienzos de marzo pasado, “se han observado cobros indebidos de forma escandalosa, y deben ser erradicados.”
Así, el pasado 3 de marzo se aprobó en la Comisión este proyecto, después de haber sido presentada en noviembre del año pasado por el diputado DC Marcelo Chávez. Luego de ser discutido en la Cámara, este proyecto de ley pasó al Senado el martes 7 de abril, donde actualmente continúa su discusión.
Ante esta iniciativa, muy pocos se han marginado de la opinión y los comentarios. Mientras la comunidad valora la propuesta, los diputados la respaldan aún más con una mirada legislativa. Acerca de los derechos a la propiedad privada puestos en juego, el diputado impulsor de la iniciativa tiene una visión clara: “El derecho a la propiedad tiene limitaciones y entre otras cosas, la función social de la propiedad por algo existe. Entonces parece que aquí hay algunos que se olvidan que la propiedad tiene una función social y en este caso, también tiene limitaciones y tiene exigencias. La propiedad por sí misma no debe ser un derecho absoluto”, declaró Chávez en entrevista con Radio Universidad de Chile el pasado 13 de marzo.
Sin embargo, con un mínimo de análisis desde un punto de vista ingenieril, es posible darse cuenta de que los supuestos beneficios sociales de la política se ven opacados por los reales impactos que esta produciría: claramente se está ante un incentivo al uso del transporte privado, y con este, un potencial aumento de todas las externalidades negativas que conlleva: congestión, contaminación, aumento en la tasa de accidentes, entre otras. Por esta misma razón, académicos de diversas casas de estudio se han pronunciado al respecto, haciendo notar la magnitud de las consecuencias de una medida como la que se está discutiendo en el Congreso.
Reacción del mundo académico
A fines de marzo pasado, el académico Alejandro Tirachini, de la División de Ingeniería de Transporte, publicó en el sitio web Plataforma Urbana una opinión contundente acerca de esta ley que está por promulgarse (ver enlace más abajo). En ella compara los beneficios que persigue esta medida con los costos totales que origina proveer un servicio de estacionamientos gratis, junto con hacer notar que esta ley debiese legislar sobre estacionamientos en malls y en servicios de salud de forma independiente, dada la naturaleza de los viajes originales (ir de compras versus ir al hospital). Así mismo, concluye que el cobrar por estacionar tiene más beneficios que costos para la sociedad, en zonas de alto tráfico.
Poco tiempo después salió publicado en El Mercurio una carta firmada por académicos del área Transporte de diversas universidades chilenas (entre ellos toda la División de Transporte del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile), en la cual corroboran el gran incentivo causado al uso del automóvil, haciendo notar todos los costos sociales y medioambientales relacionados con este impulso. Con esto, se hace clara la reacción a la medida por parte de los entendidos en temas de movilidad y transporte; reacción que se contrapone totalmente al proyecto, que fundamenta cada objeción, y que se está omitiendo por parte de los que finalmente toman las decisiones.
Como menciona Tirachini en su publicación, “al ignorar que el cobro por estacionamiento tiene beneficios asociados a la disminución del tráfico vehicular, se transmite una imagen distorsionada de la idea de estacionamiento gratis”, como cuando no se realizan todas las consideraciones pertinentes de un proyecto, este genera soluciones erróneas. Enriqueciendo el debate con miradas de todos los actores sociales involucrados, especialmente con las miradas de expertos en materia de transporte y planificación urbana, la propuesta de ley, al menos, hubiese sido mejor (en cuanto a beneficios sociales obtenidos). Lo que es claro es que en la discusión de este proyecto de ley faltaron consideraciones importantes sobre el impacto ambiental y social que esta política causaría en la comunidad y particularmente en el sistema de transporte. Cada idea debe ser desarrollada de forma integral, ya que mientras más integral sea la discusión de una idea, menos sesgado será su desarrollo. Estos sesgos pueden causar inclinaciones sobre soluciones que a simple vista son atractivas y muchas veces bien acogidas por la sociedad, escondiendo sus externalidades negativas.
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