Al momento de escribir esta columna, el mes de julio de 2022 se perfila como el de mayores precipitaciones en 20 años en Chile central. La cordillera luce cubierta de nieve, el sistema eléctrico se alivia gracias al incremento de niveles en los embalses, y se aleja el espectro del racionamiento o interrupción del suministro de agua potable para millones de habitantes de nuestras ciudades.
Puede parecer una obviedad, pero es claro que este respiro solo contribuirá muy levemente a subsanar la crisis hídrica. La memoria colectiva es siempre muy breve, y podría ser que otras preocupaciones hagan olvidar la severidad de la crisis hídrica. No obstante, la mitigación de la urgencia nos da la oportunidad de volver a focalizarnos, como comunidad, en los desafíos importantes que debemos resolver: en torno al conocimiento e información, al uso del agua, los impactos en el ambiente, la gobernanza y política pública, y el financiamiento.
Requerimos cerrar brechas de conocimiento sobre el funcionamiento actual y futuro de nuestros sistemas hídricos, incluyendo cantidad y calidad de agua, y necesitamos un sistema público, colaborativo y transparente de información hídrica, que tenga legitimidad y credibilidad para todos los actores del sistema.
Necesitamos reivindicar el rol del agua como insumo clave para una serie de actividades económicas necesarias para el desarrollo integral de nuestra sociedad, mejorando la eficiencia de uso en todos los sectores: agrícola, industrial y sanitario, y agregando nuevas fuentes de agua con criterios de equidad, sostenibilidad y eficiencia económica.
Debemos reconocer la función ambiental del agua y operacionalizar este reconocimiento en las herramientas de gestión. Asimismo, necesitamos identificar los ecosistemas acuáticos que sean susceptibles de restauración, con el fin de mitigar los efectos ambientales, resultado de una historia de énfasis productivo en el uso del agua. Un elemento central en este aspecto es la noción de gradualidad y adecuado análisis de costos y beneficios sociales asociados.
El Estado debe tener un rol primordial en la promoción de la gestión integrada (y adaptativa) de los recursos hídricos a nivel de cuencas hidrográficas, armonizando las realidades y particularidades locales con la estrategia nacional de desarrollo. Asimismo, necesitamos políticas públicas que incentiven la colaboración intersectorial público-privada, para armonizar las diferentes agendas que involucran aspectos hídricos.
Es necesario dinamizar el ecosistema de innovación y emprendimiento en el ámbito de los recursos hídricos, reconociendo que muchos de los bienes y servicios producidos estarán en el ámbito de lo público, y generando instrumentos que activen la demanda por innovación desde la industria y el aparato estatal. También es necesario dotar al Estado de las capacidades y herramientas necesarias para realizar su rol fiscalizador y facilitador, además de invertir en investigación y desarrollo para avanzar en la resolución de los desafíos identificados más arriba.
Muchos de estos desafíos han sido identificados en distintos foros hace ya varios años. Para perplejidad de muchos de quienes trabajamos en estos temas, los avances han sido modestos y el ritmo de cambio institucional, inaceptablemente cansino.
¿En qué hemos fallado? Las discusiones sobre agua, la mayoría de las veces, combinan elementos técnicos con aspectos perceptuales, éticos y políticos, y ha sido tremendamente difícil encontrar consensos. ¿Cómo avanzar? La noción de planificación, y una visión de largo plazo, son imprescindibles.
Avanzar constructivamente requiere un cambio radical de mirada: i) decisión política al más alto nivel, ii) esfuerzos de coordinación intersectorial pocas veces vistos en nuestro país, iii) el concurso de todo el espectro de actores, incluyendo privados, sector público, academia y sociedad civil. Transitar hacia un paradigma moderno de gestión hídrica es sin duda una misión país, y debe enfrentarse con la energía que esta misión amerita.
